El Consejo Político de UPYD reclama un Pacto de Estado contra la Violencia Intrafamiliar

 

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08/05/18 – NP Gabinete de prensa de UPYD en Andalucía

El Consejo Político de UPYD ha expresado su rechazo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género por considerar que supone una discriminación hacia las víctimas de otros tipos de episodios violentos que se producen en la sociedad, por lo que apuesta por un Pacto contra la Violencia Intrafamiliar.

El máximo órgano entre congresos de la formación magenta aprobó en enero una resolución en la que se recoge que el pacto alcanzado por la mayoría de las formaciones parlamentarias “no aporta soluciones efectivas para acabar con la violencia que sufren las mujeres, no aborda la violencia intrafamiliar en sus diferentes formas de manifestarse y no soluciona los graves problemas de indefensión que genera la Ley Integral de Violencia de Género aún en vigor”, si bien se congratula de la adopción de algunas medidas que “sí coinciden con nuestras postulados”. La resolución de UPYD recuerda que el Pacto de Estado colisiona con algunos aspectos fundamentales del proyecto político surgido de su tercer congreso, donde se recoge su apuesta por el respeto “a la igualdad ante la ley para hombres y mujeres”, “a los derechos fundamentales de denunciantes y denunciados y a la presunción de inocencia”.

Por ello, pide que en el desarrollo legislativo del Pacto se tengan en cuenta las opiniones de colectivos que no han sido invitados a comparecer en el Congreso, como las asociaciones que defienden la igualdad efectiva.

El promotor de la iniciativa, el coordinador andaluz de UPYD, Manuel Vicente, defendió la necesidad de un rechazo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género “por convicción en nuestros planteamientos y por justicia social con personas que actualmente están en situación de indefensión y no se encuentran representadas por ningún partido político”. En este sentido, expresó su oposición a la existencia de víctimas de segunda categoría, como pueden ser “las mujeres maltratadas por sus hijos o quienes sufren episodios de violencia en matrimonios homosexuales”, a los cuales no se les pueden aplicar las medidas incluidas en el pacto parlamentario.

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