HIPOCRESÍA

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 19/03/18 – Opinión – Essaí

Comportamientos aparte, que parecen que han ido mucho más allá de lo políticamente soportable, que ya es mucho, la postura dialéctica de la pijiprogresía española frente a la prisión permanente revisable ya es de traca. Tan vehementes defensores como son ellos de las discriminaciones positivas, que venden como bálsamo de fierabrás precisamente por su positivo apellido, han montado un circo de proporciones colosales sin entrar a valorar siquiera el apellido “revisable” de la ley en cuestión, ellos que tan dados son a apellidar las cuestiones, como tardos parecen a olvidar el politiqueo de trinchera que tanto daño ha hecho a España de 1980 a esta parte. Sin embargo, a mí, lo que mi irrita sobremanera es dicha terminología, así, de entrada, pues supone la nefanda eufemización del nombre de la cosa, con lo claro que está que estamos hablando de la cadena perpetua de toda la vida, sólo que ahora revisable; y es así porque en mi mediana vida de cateto impenitente, el eufemismo siempre ha sido querencia de cobardes y de canallas: de los primeros, porque temen constantemente el supuesto karma de algunas palabras, sobre todo cuando van juntas, y de los segundos, porque es su forma de dulcificar las canalladas con que constantemente nos fastidian la existencia a sus semejantes.

Que la cadena perpetua, a secas, no tiene cabida en una constitución socialdemócrata como la española, que consagra que la pena de prisión debe tener como objeto la reinserción social del reo, a mí no me cabe la menor duda ni me merece discusión alguna, pues es extremo que comparto ética y moralmente: por muy bien que se viva en una cárcel, la privación de libertad se me antoja el peor de los males que pueda recaer sobre cualquier persona; pero la apostilla revisable, en el marco de una legislación tan garantista como la española, no sólo me la hace asumible sino que me la muestra como necesaria y muy deseable por cuanto que la hace doblemente garantista, a saber: en primera instancia, requiere que un juez deba aplicarla así, con carácter revisable, en unos casos muy concretos perfectamente tipificados en nuestro código penal y, en segunda instancia, garantiza que tanto un juez como instituciones penitenciarias se obliguen a llevar un seguimiento continuo de los reos afectados por la misma para revisar periódicamente la pena, la cual puede acabar siendo conmutada por otra menos severa en función de datos objetivos de arrepentimiento inequívoco y comportamiento socialmente competente.

Ahora bien, lo mismo que comparto, con nuestra Constitución, el objetivo reinsertador de las penas de prisión, reconozco que la experiencia convivencial humana nos brinda múltiples ejemplos de personas que, por circunstancias propias muy particulares, desgraciadamente nunca serán reinsertables en la sociedad: los psicópatas, intelectos enfermizos incapaces de una convivencia mínimamente apreciable, y los sociópatas, esa clase de psicópatas que viven su disfunción intelectual a gran escala, lo cual les hace aún más peligroso. Que un esquizofrénico o un paranoico deba acabar sus días en una celda o en una institución psiquiátrica con régimen penitenciario, son extremos que en forma, en fondo y en grados, a mi entender, competen a especialistas con un juicio clínico mucho más fundado que el mío, pues estamos hablando de minusvalías irreversibles con propensión a la violencia y, por tanto, de personas que, mereciendo mucho más cuidado que castigo, deben ser apartadas de la sociedad precisamente para garantizar la seguridad de la comunidad; y si eso es así para ellos, para los sociópatas el control debe ser aún más estricto, pues su falta de empatía hacia sus semejantes cuenta con un agravante de escala que debe ser tenido muy en cuenta.

Desde luego, que las distintas asociaciones de víctimas reclamen esta pena para casos de violación y pederastia puede parecer excesivo en frío, pero no es menos cierto que ninguno de estos colectivos promueve la generalización de la norma, en cuyas redacción y ejecución no entran, sino que persiguen que esta figura legal venga a conjurar un peligro real y permanente de que otras personas pasen por su calvario personal y familiar a manos de peligrosos discapacitados emocionales incapaces de normalizar su vida social tras pasar varios años en prisión. La cárcel no cura, pero sí que ayuda. Porque he hablado de esquizofrénicos y paranoicos, pero sé que mi lector sabe, a estas alturas, que tengo permanentemente en mente a sicarios, del narcotráfico o de otros tráficos, y a los terroristas de todo pelaje y condición. Todo lo cual me lleva a reafirmarme en la defensa de la cadena perpetua revisable, tanto por ser norma excepcional para casos excepcionales – todos los presuntos reos de la misma, juntos, representan felizmente un porcentaje de la población insignificante –, como por la garantía añadida de que su condición de revisable puede acabar distinguiendo entre categorías de penados que únicamente el paso por prisión, bajo atención facultativa cualificada, puede dilucidar.

Pongo por ejemplo nuestra triste lacra nacional: E.T.A. Para cualquier persona verdaderamente de izquierdas, nunca podrá ser menos una víctima que su verdugo y, por la misma obvia razón de humanidad, nunca podrá ser lo mismo el preso etarra que, pese a las nefastas consecuencias que le sobrevendrán a su persona y a su entorno social, primero hace llegar a instituciones penitenciarias su arrepentimiento y luego acude a pedir sincero perdón al entorno más cercano de su inocente victimario mientras que, durante todo su proceso de sincera contrición, deja rastro fehaciente de su esfuerzos de reinserción frente a aquellos otros indeseables que hasta hace bien poco brindaban con cava y langostinos con cada nuevo atentado de la banda terrorista. Con el primero, cualquier esfuerzo es poco para revisar su condena y reintegrarlo a la sociedad con las debidas garantías de no reincidencia; con el segundo, ni beneficios penitenciarios ni esperanza de liberación, pues que su conducta arrogante y antisocial le declara como un sociópata impenitente al que bien nos merece amortizar el coste económico que supone mantenerlo permanentemente alejado del objeto de su mala condición: la Nación, es decir, la sociedad constitucionalmente consagrada, en derecho, como fuente y receptora de los derechos fundamentales de la persona que aquel niega con absoluto desprecio por toda vida que no sea la suya propia.

Sin embargo, España carece de un relato social y político de izquierdas más allá del buenismo sofismático electoralista de unos, que viste mucho al tiempo que lo embarra todo, o de la teologal comprensión sacerdotal de los que ven hombres de paz donde el común de los mortales en su sano juicio únicamente podemos ver hienas de dos patas, es decir, desalmados que viven de la rapiña y la carroña social con una eterna risa sarcástica que les hace incluso estéticamente detestables. Y frente a esta nada progresista, el acomplejamiento de una derecha de pacotilla que bastante tiene con aparentar que no lo es, permanentemente bizca, con un ojo puesto en los juzgados y el otro en las encuestas de intención de voto que les puede dar una idea bastante aproximada de hasta dónde les puede hacer un justo descosido la Justicia, esa que controlan orgánicamente, pero a la que aún no han podido poner completamente de rodillas. No nos extrañe, pues, el nauseabundo papel que están desempeñando algunos medios de comunicación desde 2010 a esta parte, porque alguien tendrá que hacer política, aunque sea de espectáculo, en este triste país en el que su aristoburocracia – aristocracia de burócratas de partido – hace demasiado tiempo que sólo está para privilegiarse, multiplicarse y perpetuarse como las tenias intestinales que, por no moverse, no hacen ni ganas de comer.

Así que sí, decididamente sí a la cadena perpetua revisable. Ahora bien, cuéntenme pormenorizadamente los detalles de la misma, que yo hace ya demasiado tiempo, para mi gusto, que no me puedo fiar ni del mensajero.

¡Carpe diem!

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