¿REFORMAS…?

 

10/02/18 – Opinión – Essaí (Pedro José Navarrete).

Del año 1998 a esta parte, es síntoma de la descomposición ideológica de la izquierda oficialista española su recurrente uso del sofisma monarquía/república toda vez que las cosas les pintan mal en las encuestas de intención de voto, no sabemos si para distraernos de su aburguesamiento neoliberal en lo económico o si para ocultarnos su antinatural amancebamiento electoralista con los aldeanistas periféricos que amenazan la integridad constitucional de España. Mas no seré yo quién les niegue la razón que puedan llevar en su afán de reformar la Constitución de 1978, como se verá en el ejemplo que pondré más adelante, pero sí que me voy a atrever a acotarles una vez más, humildemente, el tipo de reformas que necesita nuestra Carta Magna y que, pese a no ser jurista, intuyo que están más en la línea de profundizar en nuestra inconclusa Transición, abordando los gazapos y contradicciones que los distintos bandos posfranquistas nos colaron de rondón – espíritu de la Transición lo llamaron -, que en la línea de dar definitiva carta de naturaleza jurídica a estos malhadados IV Reinos de Taifas que padecemos.

Recuerdo que aquel fresco 6 de Diciembre de 1978 mis padres, como la mayoría de mis paisanos en edad de votar, vistieron sus mejores galas para aprobar soberana en las urnas la reconversión de sus tristes existencias de súbditos (pueblo español) en ciudadanos de la Nación española (pueblo soberano), como precisamente consiguiera la izquierda histórica y revolucionaria en Francia en 1789, cuando la I Asamblea quiso retirarle la condición de soberano a su rey, este se negó y los franceses acabaron retirándole del mundo de los vivos por las bravas. Desde entonces, el estandarte político de la Izquierda real, la Nación, se alza alto y soberano sobre el trípode ideológico conformado por las patas Libertad, Igualdad y Solidaridad arracimadas en el vástago de la Justicia que hace posible que esa tríada revolucionaria tenga sentido social, político y económico más allá de la pura retórica; pero claro, nuestra aburguesada izquierda oficialista, tan posmoderna y henchida de posverdad, ya se ha olvidado hasta de aquel Efecto Borrell que estuvo a punto de regenerarla a partir del verano de 1998.

Desde luego, es cierto que el Jefe del Estado español, Felipe VI, es monarca a título de rey y que, por eso, la forma jurídica de nuestro Estado no es otra que la monarquía parlamentaria; sin embargo, la propia constitución que denomina a los españoles Nación y redunda sancionando que la soberanía nacional recae sobre el pueblo español, contradice palmariamente la condición soberana del rey, que sigue siendo rey del Reino de España, pero que no es soberano de ninguna monarquía parlamentaria, sino de una república representativa que hace recaer la jefatura del Estado en la persona del legítimo rey de todas las Españas. Si, además, Felipe VI cuenta con menos competencias políticas que cualquier presidente de república democrática de nuestro entorno, de lo más que se le puede acusar es de ser un ciudadano primus inter pares que, viviendo en la jaula dorada de una jefatura estatal vitalicia y heredable – por cierto, bastante más barata en coste de lo que nuestros vecinos franceses tienen que desembolsar para sostener a la presidencia de su república -, es reo de un anacronismo histórico fácilmente corregible o, en su defecto, rápidamente remediable; pero lo que resulta meridianamente claro es que aquí no hay más soberana que la Nación, y todo lo demás son gazapos jurídicos a enmendar a la mayor brevedad posible.

Obviamente, a mí no se me puede hacer demasiado caso, pues que soy de ciencias y ya se sabe que ciertas “sutilezas de las letras” no tienen buen acomodo en una mente analítica para la que lo blanco es blanco por más que te vaya la vida en decir lo contrario; pero, de cualquier modo, es fácilmente comprobable la excelente sintonía que la izquierda posfranquista de España ha tenido con la Casa Real de Borbón, profusas muestras de simpatía pública que llevó a muchos izquierdistas irredentos a declararse abiertamente “juancarlistas”, en referencia directa a Juan Carlos I de España; un Juan Carlos I, Rey de España, que, al jurar libremente ante los legítimos representantes de la Nación española la constitución que le arrebataba a él, junto con su linaje, la condición de soberano, no pudo tenerse por otra cosa que la abdicación efectiva de la Corona de España, con todos sus títulos, en favor de la persona jurídica de una Nación que desde entonces debería guardarla y custodiarla como lo que es: patrimonio nacional. Y por cierto, un patrimonio nacional que ha rendidos grandes servicios institucionales y diplomáticos a la Nación.

Que la persona del rey sigue contando con privilegios anacrónicos, es cierto, pero no menos cierto que algunos territorios, jamás históricos, preserven y agranden privilegios forales propios de tiempos feudales en los que ejercían de entusiasta “Espada de Castilla”, hecho deleznable que sí pone en jaque a la Constitución de 1978 en las formas y en los fondos; o el estatus de impunidad efectiva que nuestra casta política goza y gestiona a placer, con o sin aforamiento, que deja a la inviolabilidad del Rey en puro brindis al sol… Y ahora que hablo de casta política, me paro a imaginar a un Rajoy, un Sánchez-Castejón, un Rivera o un Iglesias como futurible Jefe del Estado y automáticamente le doy la razón a la sabiduría popular de mis mayores porque, viendo cómo estar el solar patrio, mejor de Jefe del Estado “un Borbón antes que un bribón”, pues del primero sé dónde lo paren, para qué lo crían y hasta dónde lo entierran, y, de todos modos, el precio de la paz social que fundamenta nuestra Constitución incluye necesariamente sostener tanto al Borbón como a casi medio millón de bribones que están exprimiendo al país hasta sus tuétanos.

Con la que está cayendo en España desde Octubre de 2008: con una crisis feroz que ha reducido a la mayor parte de nuestra clase media a la triste condición de precariado; con una degradación cuantitativa y cualitativa de los servicios públicos básicos hasta cotas que nos resultaban impensables hace unos pocos años; con una aldeana bacanal independentista que ha roto sangrantemente la Constitución y nos están poniendo en ridículo ante el mundo entero; con un incremento galopante de la desigualdad entre territorios y entre personas; y con una crisis ambiental en ciernes de consecuencias impredecibles…, lo último que le apetece a cualquier socialista de bien es, precisamente, entretenerse a dilucidar si conviene una república después de llevar cuarenta años de acatar felizmente a una monarquía y, menos aún, en los contradictorios términos dialécticos que algo más arriba he expuesto. El negrísimo futuro de mi hijo reclama atención a muchas cosas mucho más apremiantes que ver viviendo en La Zarzuela a un Borbón o a un bribón, por muy contrastadas que estén la bonhomía y la erudición de este último.

Pero, bueno, estamos en este país de pandereta en que hasta el Vaticano nos adelanta por la derecha: a principios de 2017 el Papa Francisco exige la laicidad del Estado y a principios de 2018 nuestra izquierda oficialista sigue mirando para otro lado en los referente a un Concordato con la Santa Sede que convierte a España, de facto, en el país confesional que la Constitución de 1978 dice que no es; pero claro, para denunciar tratados internacionales estamos con lo urgente que es traer la III República a este Reino de España que a todas luces es ya una señora república, deficiente, pero república.

            ¡Carpe diem!

 

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