MEDIDA nº 1

 

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12/07/2017 – Pedro J. Navarrete

UPYD dixit:

            “Reformar la ley electoral para que el voto de cada ciudadano vaga igual independientemente del lugar en que se emita, introducir las listas abiertas, la limitación de mandatos y las primarias obligatorias y ampliar las incompatibilidades: un concejal o un alcalde no podrán ser diputados”

            Cuando hablamos de reforma electoral, en nuestro entorno personal, lo más raro es encontrarse con alguien que no sepa, mejor o peor, que nuestra actual Ley Electoral, con su llamada Ley D’Hont favorecedora de la concentración territorial del voto, es la principal causante de estos cuartos reinos de taifa en que ha devenido una España autonómica que originariamente no tenía este sentido administrativo. Así las cosas, la dispersión histórica del voto de algunas fuerzas políticas, como por ejemplo Izquierda Unida, ha hecho posible que, sistemáticamente, partidos minoritarios como los nacionalistas la triplicaran en escaños con sólo conseguir el 20 ó el 25% de votos favorables respecto a los obtenidos por aquella. Excusamos decir lo rentables que han salido durante décadas sus escaños a los partidos nacionalistas, enemigos de la Nación, a los que sólo no les ha importado nuestro debilitamiento con tal de que su prostitución institucional les rindiese buenos réditos presupuestarios, estatutarios y privilegiales.

            Por supuesto, para un demócrata convencido, otra cuestión que debería mejorar una Ley Electoral eudemocrática (verdaderamente democrática) es su encuadre territorial. Así pues, lo mismo que en el caso municipal la proporcionalidad entre voto favorable y concejalías obtenidas es directa y geométrica, en los tramos autonómico y estatal igualmente debería recogerse la base participativa de la circunscripción única e incluir las comisiones autonómica y central de restos electorales para posibilitar que ninguna fuerza política vea menoscabado su apoyo electoral por razones procedimentales que, en la praxis, no son más que artimañas para diluir el poder de la competencia y, por tanto, amortiguar los efectos indeseables de la voluntad popular sobre los intereses de poder de las fuerzas más votadas (PP y PSOE) y las de apoyo electoral geográficamente más concentrado (las nacionalistas); porque el ideal de acercar el escaño al votante, provincia a provincia, es algo que puede corregirse fácilmente, conforme a Derecho, en las mismas comisiones electorales de restos, autonómicas y central.

            Ahora bien, pensar que con sólo esas reformas estaríamos bien servidos equivaldría a seguir pecando de candidez, por decirlo de forma suave. Antes al contrario, tratándose como se trata de un derecho fundamental del ciudadano libre y hablando como hablamos de un Estado de Derecho articulado como democracia representativa, flaco favor nos haríamos si no acompañásemos dicha reforma legal con el desarrollo de una Ley Orgánica de Homologación de Partidos Políticos, es decir, de una ley orgánica que, sin entrar a valorar ideologías ni circunscripciones, además de recoger e integrar las actuales leyes: antiterrorista, de financiación de partidos, de transparencia y antitransfuguismo, está pendiente de ser tomada en serio, recogiese los mínimos estructurales de obligado cumplimiento en los marcos estatutarios de los distintos partidos políticos españoles, a saber: división de poderes, órganos de garantías, procesos electivos de listas abiertas sin avales (para los órganos soberanos) y de listas cerradas mediante sistema de primarias sin avales (para los órganos ejecutivos), etc., esenciales para que nuestras estructuras de representación, los partidos políticos, internamente se ajustasen a la estructura del Estado democrático y de derecho al que aspiran a gobernar. No puede ser que un “sindicato vertical”, trufado de trampas estatutarias y privilegios de aparato, se arrogue la capacidad de ser representativo de un Estado de Derecho como el emanado de nuestra Constitución de 1978, pues equivale a “poner al zorro a guardar gallinas”. Así nos va, con España entregada a los bunquerizados aparatos aristocráticos de los partidos convencionales.

            Si además, se prohibiese por ley la concurrencia popular a distintos comicios en una misma fecha, obligando de esta manera a diluir el mensaje electoral concreto, para cada caso, y así mejor centrar la pelea únicamente en cuestiones de marca y mercadotecnia políticas, y si, a más, dicha reforma legal reconociese el voto en blanco como lo que es, voluntad popular efectiva – nada que ver con la dimisión política que supone la abstención –, descontando de cada parlamento los escaños que proporcionalmente le correspondiese al mismo, aparte el ahorro presupuestario parejo a la medida, hasta parecería que a España le importa la Democracia realmente. Y, por supuesto, no estaría de más que dicha reforma electoral acotase el fondo, las formas y el alcance de la preceptiva cobertura informativa de campaña por parte de los medios de comunicación públicos, arrancando de raíz las insoportables tasas de sectarismo político a las que han llegado tantos los medios estatales como los autonómicos y locales; la pluralidad informativa es un imperativo deontológico para el periodismo en general pero, por salud democrática, ha de ser, también, un imperativo legal para aquellos entes locales, regionales y estatales con estatuto de servicio público, aunque sólo fuese porque viven de un presupuesto que nace en el bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos españoles y no sólo de los votantes al partido reinante de turno.

            Como puede comprobar el lector, todo lo anterior, además de favorecer a la inmensa mayoría de la Sociedad, pues que contempla mecanismos permanentes y efectivos de control del electorado sobre sus representantes, subliminalmente goza de efectos colaterales lesivos para la creación y el desarrollo de esas espesas redes clientelares (cuando no directamente opacos entramados corruptos) que están paralizando a España. Ahora bien, de poco servirá lo anterior si a los cargos públicos electos no se les aplica un doblemente estricto régimen de incompatibilidades, en lo público y en los privado, que prevenga, en primera instancia, y penalice severamente, llegado el caso, la contraproducente simultaneidad de cargos públicos que suelen ostentar sus señorías y la vergonzosa simultaneidad con actividades profesionales y empresariales, de los mismos, que sus señorías están a punto de blindar casi por unanimidad; porque la Política, en cuanto deja de ser unifocal y de dedicación exclusiva, deviene el pingüe negocio a todos los niveles que estamos pagándole a escote los españoles a los mismos que sólo se ponen de acuerdo para blindar todo cuanto los hace más súbditos y menos ciudadanos.

Pedro J. Navarrete Martínez.

Responsable de Programa y Acción Política.

Consejo Territorial de UPYD-Andalucía.

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