¿COMUNIDADES AUTÓNOMAS? ¿PARA QUÉ?

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Un artículo de Manuel Vicente Navas (19/04/2017) 

 

El año próximo se van a cumplir 40 años de la proclamación de la Constitución que ha traído a España el periodo de mayor estabilidad democrática de nuestra Historia, por mucho que algunos miembros de generaciones nuevas y viejos resentidos pretendan poner en duda la legitimidad de un documento que es símbolo de concordia y orgullo de un país que supo poner fin con generosidad a años de confrontación. Casi medio siglo de experiencias ofrecen una provechosa perspectiva que bien podemos utilizar para calibrar el resultado de uno de los elementos más novedosos que recoge la Constitución del 78: la configuración territorial de España como Estado de Autonomías.

A modo de ejercicio contable establezcamos pues la columna del debe y la del haber e intentemos que nos cuadre el balance.

El primer asiento de la columna del debe ha de ser indudablemente el grave riesgo de ruptura de la unidad nacional en la que se encuentra España debido al fortalecimiento de partidos políticos separatistas en algunas Comunidades Autónomas. Después de la desaparición de la actividad criminal de ETA, Cataluña ha tomado el relevo al País Vasco como principal amenaza interna para un país que carece de identidad nacional y en el que el uso de la bandera y de los símbolos patrióticos -más allá de los acontecimientos deportivos- es denostado por algunos sectores sociales, anclados en el odio y el rencor del pasado, que ven en ellos vestigios del franquismo. Frente a ellos, la mayoría de los defensores de la unidad nacional ha experimentado un proceso de acomplejamiento que ha sido aprovechado por los partidos de izquierda para asimilarlos con el régimen de Franco, instaurándose la tremenda falacia de que defender a nuestro país es una práctica autoritaria de derechas y, por contra, permitir su ruptura es un ejercicio democrático de izquierdas.

Es innegable, por tanto, que el Estado de las Autonomías ha supuesto un debilitamiento de España que encuentra su máximo reflejo en el peligro que se cierne sobre nuestro idioma común, el español, en la mitad del territorio nacional. Las denominadas políticas de inmersión lingüística en Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares, han derivado, en cambio, en políticas de obstrucción del español, impidiéndose su uso no sólo en la educación sino en cualquier ámbito de la vida cotidiana bajo amenaza de multa económica y escarnio público hacia aquel que pretenda expresarse en nuestra lengua común, quien inexorablemente será calificado de franquista por los sectores políticos y sociales separatistas.

La división territorial del poder del Estado en 17 porciones ha tenido como tercer efecto pernicioso la multiplicación de instancias políticas sin límite, con lo que ello supone de agigantamiento de un aparato político-administrativo improductivo que lastra las posibilidades de desarrollo de la sociedad civil y el dinamismo de la economía. La ruptura de la unidad interior de mercado, el elevado consumo de recursos económicos y la expansión del caudal normativo son obstáculos difíciles de superar por un sistema productivo excesivamente dependiente de la actividad pública, de cuyo colapso están dando serias señales de aviso numerosos economistas y colectivos empresariales ante la imposibilidad de reducir el déficit público y la deuda.

De ahí que una de las principales indicaciones que se realizan, para que España abandone la crisis de una manera definitiva después de una década, sea la reducción de las estructuras políticas. Los 17 mini-Estados surgidos dentro de España han reproducido milimétricamente la arquitectura política de la Administración central, duplicando todas las instancias, entre ellas, los institutos y agencias dedicados a la elaboración de estadísticas. En ellos se podrán encontrar todo tipo de datos por pequeños que sean sobre cualquier variable geográfica, económica, social… Pero, oh sorpresa, ¡en ninguno de ellos se encontrará cuál es el número de cargos políticos que existe en España o en alguna Comunidad Autónoma! Una simple búsqueda en internet nos ofrece un pormenorizado estudio atribuido a asesores de la Presidencia del Gobierno según el cual el número de políticos en España asciende a 445.568. Cada uno de nosotros podrá pensar lo que desee pero, mientras no se ofrezca un dato oficial, se podrá considerar como válida dicha cifra, la cual difiere extraordinariamente de los 150.000 políticos existentes en Alemania, cuya población es casi el doble de la española.

La proliferación descontrolada y desordenada de organismos públicos de todo tipo (empresas, agencias, fundaciones, consejos) y el consiguiente aumento de cargos políticos se han convertido en el caldo de cultivo propicio para que la corrupción sea un hecho común en buena parte de las administraciones autonómicas, teniendo como protagonistas a buena parte de las principales formaciones políticas. Implicados en los más voluminosos casos de corrupción han estado el PSOE en Andalucía; el PP, en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid; los nacionalistas de la extinta Convergencia, en Cataluña; los regionalistas, en Baleares; provocando un gravísimo coste de miles de millones de euros a las arcas públicas.

El robo del dinero de los españoles y el sostenimiento de las estructuras político-administrativas hicieron que durante los primeros años de la crisis los gestores políticos dirigieran las limitaciones de recursos financieros hacia los servicios básicos esenciales, practicando severos recortes en sanidad, educación, dependencia, asuntos sociales. La privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid, el deterioro del sistema sanitario y los episodios de retraso en el pago a las farmacias en Cataluña por falta de recursos, las movilizaciones en Andalucía contra la gestión hospitalaria, ponen de manifiesto que el Estado de Bienestar ha quedado seriamente dañado mientras que nada se ha hecho para aligerar el peso de las instancias políticas ni en la administración central ni en los 17 mini-Estados que conforman España.

Así pues, ruptura territorial, desaparición de la identidad nacional, dificultades para el uso del español, obstáculos al desarrollo económico, proliferación de cargos políticos, corrupción, debilitamiento del Estado del Bienestar, todo ello aparece en los asientos del debe en este supuesto contable, mientras que en el haber encontramos… ¿qué? ¿Qué indicador de qué Comunidad Autónoma ha experimentado un proceso de convergencia con la Unión Europea suficiente como para justificar los perjuicios que el Estado de las Autonomías ha traído a España? En mi Comunidad Autónoma, Andalucía, tal indicador no existe.

A las puertas de cumplirse 40 años de la Constitución, parece oportuno, pues, abrir un debate sereno sobre la conveniencia de rediseñar la configuración territorial de España si es que se inicia alguna vez un proceso de reforma constitucional con intenciones de consenso, y no de confrontación política. Hasta tanto eso ocurre, sería muy conveniente que los poderes políticos autonómicos modificaran su concepto del Estado de las Autonomías, dejando de defender a “su” Comunidad Autónoma y pasando a defender a España “desde su” Comunidad Autónoma. Se me antoja delirante pensar que dirigentes autonómicos del PP y del PSOE puedan optar a la Presidencia del Gobierno de un país al que no han defendido mientras ostentaban las responsabilidades ejecutivas de sus respectivas regiones. ¿Cómo va a defender a los españoles Alberto Núñez Feijóo (PP) después de que su política lingüística en Galicia ha causado al castellano casi los mismos estragos que en otras Comunidades gobernadas por separatistas? ¿Cómo va a defender a los españoles Susana Díaz (PSOE) después de haber reclamado desde Andalucía que se suba el Impuesto de Sucesiones a los madrileños?

Según el barómetro del CIS de febrero de 2017, dos de cada 10 españoles apuestan directamente por suprimir las Comunidades Autónomas y uno de cada diez opta por reducir sus competencias. Cerca de un tercio de la sociedad española, por tanto, no se encuentra bien representada por unos poderes regionales a los que considera un obstáculo para su desarrollo. Y no le falta razón.

2 comentarios en “¿COMUNIDADES AUTÓNOMAS? ¿PARA QUÉ?

  1. Muy acertado el artículo, se acabaría la crisis de España y la imposición de lenguas. Las lenguas se proponen ni se imponen ! El nepotismo es un mal de las CCAA sobre todo con la neocasta se ha hecho descarado CCAA no podemos

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